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por Guillermo Sierra, director de LLavemaestra
27.01.2017 | Redacción
La asociación de víctimas del Alvia 04155 presentó el pasado 25 de enero esta petición ante el Parlamento Europeo para denunciar al Estado Español por incumplimiento de varias directivas.
SI SE HUBIERA CUMPLIDO LA NORMATIVA EUROPEA, TRASPUESTA AL ESTADO ESPAÑOL, EL ACCIDENTE NO HABRÍA OCURRIDO.
"Lo diría 80 veces, una por cada fallecido". Es el resumen con el que concluyó Jesús Domínguez en el Parlamento Europeo en la petición de Denuncia al Estado español por incumplimiento de las tres directivas siguientes (ver en el vídeo):
-Directiva 2004/49 de Seguridad Ferroviaria, sobre la que el informe de la European Railway Agency Era ya señaló que no se cumplió tal directiva ya que el equipo investigador no fue independiente y estuvo formado por las tres empresas implicadas: Renfe, Adif e Ineco. Además de incumplir su artículo 22.3 al no informar ni dar voz a las víctimas. Y finalmente, porque según la ERA "la investigación no ahonda en las causas profundas del accidente".
-Reglamento 352/2009 relativa a la adopción de un método de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo. Que se tendría que haber llevado a cabo hasta en tres ocasiones:Cuando se cambió el proyecto original de 12 años a solo unos meses, dejando de instalar el sistema de seguridad ERTMS en el punto más peligroso; cuando el jefe de maquinistas advirtió por escrito del riesgo existente en la curva de Angrois (y no se hizo nada); y cuando se desconectó el sistema de seguridad que existía porque generaba retrasos... Y Tampoco Se Evaluó el Riesgo.
-Directiva 2008/57 sobre la interoperatividad del sistema ferroviario, ya que la línea se declaró interoperable sin disponer del certificado de la Unión Europea ni del sistema propio de Alta Velocidad ERTMS, requisito que que incluye esta directiva.
LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA DEL GOBIERNO "NOS HIZO TOMAR LA DECISIÓN DE VIAJAR EN ESE TREN QUE DE OTRA FORMA NO HUBIÉRAMOS TOMADO"
Teresa Gómez-Limón, víctima que viajaba en el Alvia, explica la Denuncia a España por Incumplir la DIRECTIVA 2005/29 CE sobre prácticas desleales en las empresas en sus relaciones con los consumidores, incumplida con la publicidad oficial de la línea Ourense-Santiago, anuncios en televisión, notas de prensa, web, revistas oficiales y Boletín Oficial del Estado, mintiendo en temas como la seguridad (artículo 5) ya que anunciaban la "llegada de la Alta Velocidad a Galicia" cuando no tenía las prestaciones de seguridad de la Alta Velocidad.
"Fuimos objeto de engaño con una práctica comercial agresiva por una influencia indebida (artículo 8), ya que el autor del engaño era el propio Gobierno", afirma Gómez-Limón, lo cuál limitaba de forma significativa la capacidad del consumidor y nos hizo tomar una decisión que de otra forma no hubiéramos tomado.
Según Gómez-Limón, "el propio Gobierno español engañó a la Unión Europea al comunicarle en el informe bianual 2013 sobre la interoperabilidad ferroviaria, que la línea está equipada con el sistema de seguridad ERTMS".
Y continúa argumentando: "Nos llevaron a la convicción de que era una línea segura, que contaba con todas las garantías de la Alta Velocidad, y al error de tomar la decisión de viajar en esa línea y en ese tren. No se nos advirtió de que toda nuestra seguridad dependió de una única persona, el maquinista, sin ayuda técnica, ni el sistema de conducción automática anunciado, ni con señales ni balizas, en el punto más peligroso del trayecto".
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